El hiperdesarrollo de los sistemas de bienestar ha engendrado una profunda distorsión en la estructura de la convivencia humana, alterando de raíz los incentivos que guían la acción individual. Por dejarlo claro, no tratamos en este humilde ensayo ir contra el deseo de mejorar nuestra condición y alcanzar mayores cotas de bienestar como anhelo humano legítimo y natural. Lo que sí que cuestionamos es que sea el Estado la vía para obtener esa mejora. El liberalismo surgió como doctrina política para poner límites al poder absoluto y proteger la propiedad privada, máxima garantía de la libertad, preservando la paz. Llegados a este siglo, poco queda de aplicación, salvo honrosas excepciones, de las teorías liberales de John Locke, Adam Smith o Montesquieu. Mucho menos queda de las advertencias, ya en la época contemporánea, de Stuart Mill o Mises. Queda, lo que Hayek advirtió en 1959, un camino abierto hacia la servidumbre.
La expansión del Estado tras las grandes guerras de la primera mitad del siglo XX, la planificación estatal y el intervencionismo económico ha engendrado una profunda distorsión en la estructura de la convivencia humana, alterando de raíz los incentivos que guían la acción individual. Cuando el Estado asume el monopolio de la provisión de bienes y servicios, y se construyen estructuras para financiarlos a través de la redistribución coactiva de las rentas y la imposición fiscal, sustituye la cooperación voluntaria por una tutela que despoja al ciudadano de su libertad. Al observar las acciones de los individuos y los incentivos a los que se enfrentan, resulta evidente que la promesa de recibir utilidades sustraídas del coste de su producción desvincula el consumo del esfuerzo necesario para generarlas. Toda estructura política orientada a salvaguardar la libertad y la convivencia plural debe cimentarse en el derecho de propiedad, entendiendo que el Estado carece de recursos propios y que su expansión destruye la responsabilidad personal.
El engaño de este modelo intervencionista se sostiene sobre una falacia fácil de percibir. El ciudadano observa la obra pública, la subvención o el servicio proporcionado de manera centralizada, pero no ve la riqueza que el sistema confisca y destruye para poder entregárselo. Como advirtió Frédéric Bastiat, «en la esfera económica, un acto, una costumbre, una institución, una ley no engendran un solo efecto, sino una serie de ellos. De estos efectos, el primero es sólo el más inmediato. Se manifiesta simultáneamente con la causa, se ve. Los otros aparecen sucesivamente, no se ven». El capital que el poder público detrae mediante la recaudación impositiva para financiar su planificación es riqueza que el individuo ya no puede destinar a sus propios fines. Esta confiscación impide la creación de empleos reales y bloquea la inversión productiva. Siguiendo el razonamiento de Bastiat, «la sociedad pierde el valor de los objetos destruidos inútilmente«. La planificación estatal no multiplica la prosperidad; desplaza los recursos mediante la fuerza y sustituye la libre elección de los individuos en el mercado por la decisión arbitraria del gobernante.
Quienes defienden la redistribución estatal argumentan que estas políticas son legítimas porque emanan de la regla de la mayoría democrática y reflejan una decisión legítima. Este postulado encierra un grave error de concepto. La democracia, cuando carece de límites estrictos que protejan los derechos individuales, degenera en la tiranía de una mayoría. La perversidad del sistema se agrande cuando, en los sistemas proporcionales, hasta permitir que una minoría imponga a la mayoría. La idealización de la igualdad a través del poder político adormece a la sociedad, reduciendo finalmente a la nación a no ser otra cosa que, como describió Alexis de Tocqueville, un «rebaño de animales tímidos e industriosos, cuyo pastor es el gobierno«. Es imperativo comprender, tal y como defendió Friedrich Hayek, que «la democracia no es, por su propia naturaleza, un sistema de gobierno ilimitado». La mera existencia de un procedimiento electoral no justifica la usurpación de la autonomía individual. Creer que las decisiones mayoritarias pueden anular las normas de conducta pacífica es caer en la falsedad de que, en palabras de Hayek, «la creencia de que la acción colectiva puede hacer caso omiso de los principios es una gran ilusión». Que una mayoría vote a favor de expropiar la propiedad de unos ciudadanos para financiar la provisión estatal no altera la naturaleza coactiva de la medida ni la convierte en justa.
La verdadera convivencia y el progreso material nacen del esfuerzo individual y el intercambio voluntario. La riqueza se fundamenta en la producción. Como demostró analíticamente Jean-Baptiste Say, «la producción no es una creación de materia, sino de utilidad». Cuando el planificador interviene en la economía para dirigir los resultados materiales, destruye el mecanismo fundamental de la cooperación social. El progreso surge cuando los individuos persiguen sus propios fines y buscan servir a los demás en el mercado para poder satisfacer sus propias necesidades. Como afirmó Adam Smith, «no es la benevolencia del carnicero, el cervecero, o el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio». Al garantizar resultados mediante la redistribución forzosa sin exigir una aportación previa, el intervencionismo anula la responsabilidad, instaurando incentivos perversos que premian la inacción y castigan a quienes generan la utilidad de la que todos dependen.
La alternativa a la planificación estatal se cimenta en el derecho natural. La base de toda relación pacífica es el derecho de propiedad, una institución anterior a cualquier formación estatal o consenso democrático. Como estableció John Locke, «cada hombre, empero, tiene una propiedad en su misma persona. A ella nadie tiene derecho alguno, salvo él mismo. El trabajo de su cuerpo y la obra de sus manos podemos decir que son propiamente suyos». Todo individuo posee un derecho inalienable sobre su vida, su libertad y los frutos exactos de su labor. Al confiscar estos frutos mediante impuestos para financiar el diseño de la sociedad, el Estado viola la ley natural.
En rigor, el individuo sólo dispone de dos vías para obtener los bienes que requiere para su sustento. Como explica Murray Rothbard, «hay dos modos, básicamente opuestos, por los que el hombre, necesitado de sustento, se ve impelido a obtener los medios precisos para satisfacer sus necesidades. Son el trabajo y el latrocinio, la labor propia y la apropiación por la fuerza de la labor de otros». La redistribución estatal opera mediante la apropiación por la fuerza. No crea riqueza, la reasigna coercitivamente. Según el análisis de Rothbard, «el parasitismo no puede configurar, por tanto, una ética universal y, de hecho, cuando se expande, ataca y reduce la productividad de la que viven tanto el huésped como el parásito. La explotación coactiva o parasitismo lesiona el proceso de producción de todos cuantos integran la sociedad». Un orden que institucionaliza el expolio carece de validez ética. La convivencia pacífica exige la erradicación de la violencia institucional y el respeto a los títulos de propiedad legítimamente adquiridos.
La estructura política compatible con el derecho natural de la propiedad privada y la autonomía del individuo es el Estado limitado. Como argumentó Robert Nozick, «un Estado mínimo, limitado a las estrechas funciones de protección contra la violencia, el robo y el fraude, de cumplimiento de contratos, etcétera, se justifica; que cualquier Estado más extenso violaría el derecho de las personas de no ser obligadas a hacer ciertas cosas y, por tanto, no se justifica». Utilizar el aparato coercitivo para obligar a unos ciudadanos a sostener la planificación pública implica degradarlos, tratándolos como recursos a disposición de la colectividad. Como también sostuvo Nozick, «los individuos son fines, no simplemente medios; no pueden ser sacrificados o usados, sin su consentimiento, para alcanzar otros fines». El Estado intervencionista instrumentaliza a la persona, minando la moralidad que exige que la ayuda mutua nazca de la voluntad libre.
Incluso dentro de los orígenes de la tradición liberal, ciertos pensadores confiaron en exceso en la capacidad de la ley para moldear el carácter de una nación. Montesquieu, a pesar de ser un pilar fundamental en la defensa de la libertad frente al poder absoluto, se deslizó peligrosamente asumiendo que para mantener el «espíritu de comercio» era necesario que el legislador diseñara activamente leyes que lo favorecieran. Aunque su fin era la paz y la prosperidad, esta visión racionalista asume, en cierto modo, que los designios de la población pueden y deben ser dirigidos desde las instituciones. Excusemos el desliz del autor de Cartas Persas. De cualquier forma sirvió para que Frédéric Bastiat pudiera advertir de lo horrible y abominable que resulta considerar que «las personas, las libertades y las propiedades no son otra cosa que materiales adecuados para que el legislador ejercite su sabiduría». La convivencia plural no requiere un ente central que planifique la economía, sino un marco estricto de normas abstractas. Como advirtió Hayek, «bajo la supremacía de la ley le está prohibido al Estado paralizar por una acción ad hoc los esfuerzos individuales». Las normas verdaderas deben limitarse a evitar la coacción, permitiendo que el orden espontáneo coordine los proyectos de vida que cada persona asume.
Sin embargo, llegados a este punto, debemos someter nuestra propia doctrina a la lupa del escepticismo. ¿No peca el liberalismo clásico, en ocasiones, de una confianza excesivamente ingenua en la naturaleza humana? El ser humano es falible. Alberga en su condición una consustancial inclinación hacia el dominio, la codicia y la depredación. Si asumimos que el poder corrompe inevitablemente al gobernante, debemos admitir que esa misma sombra habita en lo privado. La erradicación absoluta de unas normas comunes no garantiza el paraíso del orden espontáneo; corre el riesgo de engendrar la reproducción de poderes fácticos fuera del Estado, tiranías privadas dispuestas a someter a los más vulnerables.
La vida privada también es un teatro de operaciones donde se ejerce la coacción. Por ello, la respuesta no reside en el vacío institucional, sino en el equilibrio de un Estado de Derecho implacable. Necesitamos leyes abstractas y universales precisamente porque no somos ángeles. Un marco normativo que actúe como doble parapeto: que frene la ambición del Estado para evitar que esclavice a los gobernados, y que neutralice la malicia del individuo para impedir que someta a su prójimo. La verdadera libertad no es la ausencia de reglas, sino la vigencia de una ley común que haga imposible la institucionalización del abuso, provenga este del palacio presidencial o de la plaza pública.
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