La arquitectura política de las democracias contemporáneas sufre una transformación profunda, imperceptible solo para quien decide apartar la mirada. El Estado ha dejado de ser el custodio de un marco de reglas generales. Hoy opera como un gestor compulsivo de la existencia humana. Lo asombroso de este proceso no es la ausencia de resistencia, sino la activa demanda ciudadana que lo impulsa. El votante exige esta intervención porque es víctima de un espejismo. Percibe el beneficio inmediato de la acción política, pero es ciego al sacrificio que la sostiene. Se trata de la misma trampa intelectual que Frédéric Bastiat desnudó en el siglo XIX, cuando advirtió que los efectos del poder siempre se dividen entre lo que se ve y lo que no se ve.
Lo que se ve es la administración inaugurando una carretera, asumiendo el gasto académico o financiando la cobertura sanitaria. Lo que no se ve es el capital detraído de la sociedad civil para costear el cemento y las nóminas. Lo que se ve es a la multitud reclamando nuevas garantías al legislador. Lo que no se ve es que cada derecho concedido requiere la confiscación previa de un recurso privado. Lo que se ve es la promesa política de satisfacer necesidades infinitas. Lo que no se ve es la terca realidad de unos recursos materiales que siempre son escasos. Lo que se ve, en definitiva, es a un poder público ocupando cada vez más rincones del ámbito privado. Lo que no se ve es que, por una estricta ley de los volúmenes, cada parcela que conquista el Estado es un espacio del que ha sido desalojado el individuo.
El desconcierto surge al observar el consenso en torno a este mecanismo. Ya nadie cuestiona la legitimidad de la intromisión. Solo se discute su velocidad de expansión. El debate actual sobre la sostenibilidad es una ficción. Un ejercicio de supervivencia para mantener en pie el edificio estatal apelando a una solidaridad impuesta.
En España, el proceso de descentralización de los años ochenta coincidió con el salto cualitativo del sistema de bienestar. El país pasó de una protección mínima a una absorción máxima en apenas cuatro décadas. Todo ello sin haber consolidado previamente una base de ahorro suficiente. Hoy, ese sistema no es una simple red de seguridad. Constituye el principal argumento del poder político para exigir una soberanía fiscal casi absoluta sobre el fruto del trabajo ajeno.
El desarrollo del Estado autonómico no funcionó como un contrapeso frente al poder central. No se dividió el poder para limitarlo. Se replicó para ampliar la capacidad de intervención en todos los rincones. El resultado es un laberinto de competencias. Una fiscalidad asimétrica donde el gasto no responde a prioridades efectivas, sino a la inercia de una competencia electoral alimentada por demandas infinitas.
Esta dinámica empeora por la propia mutación del concepto de derecho. Hemos transitado de los derechos negativos, aquellos que blindaban al individuo frente al abuso del poder, hacia una proliferación inabarcable de derechos positivos. Cada nuevo derecho que exige una prestación estatal es, en última instancia, un mandato de servidumbre sobre un tercero. La supuesta conquista social funciona en realidad como una redistribución coactiva. Una maquinaria que erosiona la responsabilidad personal y confisca el esfuerzo ajeno.
La evolución del gasto público revela una patología estructural. Antes de la crisis de dos mil ocho, orbitaba el cuarenta por ciento del producto interior bruto. Tras la pandemia, se ha consolidado en la meseta del cuarenta y seis por ciento. El Estado aprovecha la excepcionalidad de las crisis para ensanchar sus fronteras. Luego, se niega a replegarlas cuando la emergencia desaparece. Lo que nace como una medida de urgencia se transforma en gasto corriente. Finalmente, se consagra como un derecho intocable.
La brecha crónica entre ingresos y gastos no es un simple desajuste contable. Es una forma de confiscación diferida. Se financia mediante una deuda pública que ya alcanza el tamaño de toda la economía nacional, duplicando los umbrales de prudencia europeos. El Estado consume hoy el capital de las generaciones futuras. Esta deuda debilita la estructura productiva y condena cualquier capacidad de crecimiento a largo plazo.
El relato oficial insiste en que el desequilibrio se corregirá aumentando la presión fiscal. Sin embargo, una administración que absorbe casi la mitad de la riqueza anual de un país no padece un problema de ingresos. Padece una crisis de escala. Cuando la estructura política crece más rápido que la economía que la sostiene, los impuestos dejan de ser una vía de financiación. Se convierten en un agente de asfixia que destruye los incentivos para crear valor.
El horizonte demográfico actúa como el juez implacable de esta deriva. Existe un crecimiento potencial bajo y un presupuesto inclinado rígidamente hacia el consumo inmediato, marginando la inversión y el ahorro. La promesa de un bienestar garantizado se mantiene mediante la erosión continua de la propiedad de quienes generan la riqueza.
Lo más inquietante es la normalidad con la que se acepta este proceso. El consenso de las fuerzas políticas expulsa del espacio público cualquier debate crítico. Se pospone una pregunta esencial. ¿A costa de qué renuncias individuales se sostiene este edificio? Un Estado que pretende inmunizarnos contra toda incertidumbre termina por vaciar nuestros espacios de libertad. Queda por ver cuánto tiempo puede sostenerse esta estructura sobre las cenizas de una sociedad civil exhausta.
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