Durante años hemos hablado del Estado de bienestar como si fuese una realidad moralmente indiscutible y, por eso mismo, económicamente inmune. Pero las sociedades serias no se sostienen solo sobre buenos sentimientos, sino sobre cuentas que cierran, prioridades que se ordenan y límites que se reconocen a tiempo. En España, el problema empieza a verse con claridad cuando se observa el tamaño que ha ido adquiriendo el Estado sobre la economía nacional.
Antes de la crisis financiera, el gasto público se movía en torno al 40% del PIB; después dio un salto estructural, y tras la pandemia quedó instalado en una meseta mucho más alta, del 46%, después de haber alcanzado el 51% del PIB en 2020. Ese detalle importa, porque revela algo más profundo que una oscilación coyuntural: el Estado crece con rapidez en las crisis, pero no retrocede con cuando la emergencia termina.
En 2024, España cerró con un gasto público cercano al 46% del PIB y unos ingresos en torno al 42%. Esa diferencia significa un déficit público mayor al 3% del PIB, es decir, una parte estructural del gasto anual se sigue pagando con deuda. Conviene decirlo sin tapujos, porque en el lenguaje político se tiende a utilizar los eufemismos con cierta habilidad. Cuando un país gasta de forma persistente más de lo que ingresa, está hipotecando su futuro.
La deuda española confirma el coste de esa hipoteca. Antes de 2008, se situaba en el entorno del 40% del PIB; en 2025 es del 100% del PIB. No estamos, por tanto, ante un exceso pasajero, sino ante una forma de normalidad fiscal. Y esa normalidad resulta más reveladora todavía si se compara con el propio criterio europeo: el valor de referencia de Maastricht para la deuda pública es el 60% del PIB, de modo que España se mantiene hoy casi en el doble del umbral que la Unión fijó como prudente.
Desde determinados sectores del espectro ideológico se anuncia que este desequilibrio se corregirá simplemente con “más impuestos”, como si la cuestión fuese solo encontrar la figura tributaria adecuada o un contribuyente todavía no exprimido. Pero un Estado que ya absorbe en torno a la mitad de la riqueza anual del país y que recauda más del 42% del PIB no se encuentra ante un problema menor de diseño impositivo, sino ante una cuestión de escala. Cuando el gasto crece de forma más rápida y rígida que la capacidad de la economía para sostenerlo, los impuestos pueden retrasar el ajuste, pero difícilmente lo resuelven por sí solos.
Y, sin embargo, el sistema sigue volviéndose más exigente. Europa proyecta para las próximas décadas un aumento del gasto ligado al envejecimiento, especialmente en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración. España no está al margen de esa deriva, sino en el centro de ella, porque combina envejecimiento, bajo crecimiento potencial y una estructura presupuestaria cada vez más inclinada hacia el gasto corriente. La consecuencia es severa para quien quiera verla: si el Estado de bienestar continúa ampliando compromisos sin reducir su tamaño, la salida no será imaginaria; será más deuda hasta que deje de ser tolerable, o más impuestos para sostener lo que ya no cabe en los ingresos ordinarios.
Tal vez el rasgo más inquietante de este proceso sea su apariencia de normalidad. Se anuncian nuevos derechos con naturalidad, se multiplican las promesas con lenguaje compasivo, las tasas se convierten en impuestos directos y se pospone una pregunta elemental: quién lo paga, durante cuánto tiempo y a costa de qué renuncias. No se trata de negar la importancia de proteger a quien lo necesita. Se trata de recordar que un Estado que promete sin medida acaba exigiendo también sin medida, y que la irresponsabilidad fiscal no es una forma superior de justicia, sino una manera más lenta de eludir la verdad.
España necesita, antes que nuevos eslóganes tributarios, un debate político responsable sobre el tamaño del Estado. Porque si el gasto ya roza de manera estable la mitad del PIB, si la deuda supera el 100% y si el propio marco europeo fijó en el 60% el límite de prudencia, seguir llamando “solución” a la subida indefinida de impuestos y a la solidaridad de quienes más ganan empieza a parecerse demasiado a una renuncia. A veces el futuro no es un lugar al que se llega, sino la factura detallada de nuestras cobardías. Justo en ese momento acabas aceptando que el abismo es ahora el único sitio donde puedes aparcar el coche.
Fuentes de Ebro, a 30 de marzo de 2026
Cartas Persas 
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