Existe una superstición política profundamente arraigada en nuestro tiempo. Opera como el último refugio frente a cualquier crítica al exceso estatal. Es la sacralización del sufragio. Ante la evidencia de una norma abusiva, de una intromisión intolerable en la esfera privada o de un asalto a las libertades civiles, el exégeta del poder alza siempre la misma bandera. Nos dice que el mandato emana de las urnas. Que la medida es la traducción aritmética de la voluntad general. Y que oponerse a ella equivale a impugnar la propia democracia.
La urna purifica el decreto. Esa es la premisa.
Para desarmar esta trampa intelectual debemos retroceder a París, en el invierno de 1819. Un intelectual franco-suizo, Benjamin Constant, sube al estrado del Ateneo Real. Ha sobrevivido al terror jacobino y a los delirios imperiales. Toma la palabra para lanzar una advertencia que hoy yace sepultada bajo millones de papeletas. El problema, explica a su audiencia, no es quién empuña la espada. El problema es el filo y el tamaño de esa espada.
Durante siglos, el debate político consistió en averiguar cómo arrebatar el poder absoluto al monarca. Cuando por fin se consiguió, se cometió un error letal. En lugar de destruir ese poder inmenso, simplemente se entregó a un nuevo dueño: la asamblea. Cambiamos a un rey por un monarca de mil cabezas. Nos convencimos de una ilusión peligrosa. Creímos que, puesto que el poder ahora residía en la mayoría, esta jamás se haría daño a sí misma.
La historia demuestra que el Leviatán no se vuelve manso por el simple hecho de ser elegido.
Aquí radica la confusión central de la modernidad: mezclar el origen del poder con los límites del poder. Que un gobierno haya sido elegido por la mayoría le otorga la legitimidad de origen para administrar los asuntos públicos. Sin embargo, no le transfiere una patente de corso para legislar sobre cualquier ámbito de la existencia humana.
La tradición liberal, desde John Locke, trazó una línea roja clara. Los derechos fundamentales del individuo son previos a la existencia del Estado. El Estado no es una evolución pacífica ni orgánica de la cooperación humana; es una imposición violenta, una estructura coactiva que monopoliza la fuerza. Su existencia solo puede tolerarse bajo límites extremadamente rígidos.
Frédéric Bastiat expuso esta contradicción con una claridad implacable. Piensa en un vecino cualquiera. Ese vecino no tiene el derecho moral de irrumpir en tu casa, expropiar tu patrimonio o dictar cómo debes educar a tus hijos. Si lo hiciera, lo llamaríamos un criminal. Bastiat preguntaba: ¿cómo es posible que, si un millón de vecinos depositan un papel en una caja de cristal, adquieran de pronto el derecho para cometer esos mismos actos a través de la ley?
El cincuenta y uno por ciento de los votos carece de propiedades alquímicas. No tiene la capacidad de transformar la coacción en libertad. La suma de voluntades no altera la ética.
Si aceptamos que el bien común es exclusivamente aquello que decide esa mitad más uno del censo, entregamos las llaves de la civilización a la arbitrariedad. Cualquier aberración legislativa o censura queda justificada si logra el aplauso en una cámara de representantes. La voluntad popular se convierte en un tribunal inapelable que dispensa a los gobernantes de la obligación de ser justos.
Karl Popper despojó a la democracia de este manto romántico. La urna no es un oráculo capaz de revelar verdades morales. Es una tecnología. Un mecanismo procedimental brillante que permite sustituir pacíficamente a quienes nos gobiernan. Cumple una función higiénica fundamental: despedir a un gobierno ineficaz sin recurrir al derramamiento de sangre. Pero exigirle a un recuento de votos que dicte lo que es justo es pedirle a un martillo que componga una sinfonía.
El diseño institucional de una sociedad libre asume una verdad antropológica. La naturaleza humana es falible, corrompible, y el poder actúa invariablemente como un catalizador de sus peores instintos. La virtud en el trono es una extravagancia estadística.
Para evitar que la mitad más uno degenere en la tiranía de la mayoría, la solución no pasa por pretender cambiar la condición humana. Pasa por reducir drásticamente el perímetro de lo público. El antídoto contra el despotismo democrático es garantizar que el Estado no ocupe la totalidad de nuestros espacios.
Cuando se le niega al gobernante la capacidad de invadir la moral, el patrimonio y las decisiones íntimas, se logra el objetivo primordial. Nos aseguramos de que cuando la mediocridad, la ambición o la maldad alcancen el gobierno, su capacidad material para someter al individuo quede neutralizada desde el origen.
El verdadero pacto de convivencia no se basa en que la mayoría pueda decidirlo todo. Se fundamenta en establecer de forma innegociable qué cosas jamás podrán ser decididas por nadie, ni siquiera por el Estado. La libertad no es el derecho periódico a elegir a nuestros propios tutores. Es la garantía de que, gane quien gane las elecciones, existirá un muro infranqueable que proteja la conciencia, la propiedad y la vida del ciudadano frente al apetito insaciable de la maquinaria política.
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