Política decente

Después de leer el último libro del filósofo político Michael Walzer, La lucha por una política decente. Sobre “liberal” como adjetivo, me resulta de sumo interés teórico, si bien su aplicación puede parecer, digámoslo así, algo dificultosa. Plantea lo que los clásicos proponían ya como condición necesaria para el ejercicio de la res publica: una base ética compartida que haga posible la convivencia entre quienes discrepan. Walzer no trata de apelar a la moderación ni de llamar a la tibieza. Lo que reivindica es un marco moral sin el cual la democracia liberal se vacía de contenido y se reduce a una mera técnica de acceso al poder.

Parte de una idea que conviene recuperar con detalle. La democracia liberal no es solo un procedimiento para la sustitución pacífica de los gobernantes, sino una forma exigente de ejercicio del poder que incorpora límites, reconoce al adversario y se somete a reglas que no pueden ser alteradas en función de la conveniencia del gobierno. Cuando propone entender “lo liberal” como adjetivo, está señalando una cualidad del comportamiento político: respeto al disenso, disposición al acuerdo, sujeción a la ley, defensa del pluralismo y, sobre todo, autolimitación en el uso del poder. Bajo esa premisa, cualquier tradición ideológica puede participar del marco común, siempre que acepte esas condiciones como vinculantes. Walzer no aclara si la asunción de esas condiciones es normativa o, simplemente, declaratoria.

La propuesta de Walzer parte de la idea de que la realidad política es todo lo contrario a lo que debería ser. La polarización no opera ya como una consecuencia del pluralismo, sino como su negación práctica. El adversario es presentado como ilegítimo, el pacto como una cesión inaceptable y el diálogo como una forma de debilidad. A la vez, la misma aplicación de estos instrumentos de la política sirven para legitimar democráticamente lo que éticamente resulta deplorable. La ley pierde su carácter de límite estable y se convierte en un instrumento disponible, mientras que las instituciones son percibidas como piezas al servicio de la estrategia. El resultado es una democracia formalmente intacta, pero sustancialmente erosionada por quienes gobiernan sin la decencia necesaria.

Pero a la degradación de las formas que Walzer describe con precisión en su libro, cabe añadirle otro tipo de indecencias –por utilizar su lenguaje-. Una corrupción de carácter más profundo, que afecta a la estructura moral del poder. No se limita a conductas ilícitas concretas. Se manifiesta en la confusión entre lo público y lo partidista, en la colonización de los órganos institucionales, en la lógica de fidelidades personales que sustituye a los criterios de mérito y en la utilización estratégica del lenguaje para encubrir decisiones previamente tomadas. Cuando el poder deja de entenderse como una responsabilidad limitada y pasa a concebirse como un recurso disponible para asegurar la propia posición, la confianza cívica se deteriora y el escepticismo se convierte en una forma de defensa.

La propuesta de Walzer se articula en torno a principios como el respeto, el diálogo, la responsabilidad y la justicia que cumplen la función necesaria de establecer un umbral ético sin el cual la política degenera en una forma de confrontación sin reglas. Su planteamiento no pretende eliminar el conflicto, sino dotarlo de un marco que lo haga compatible con la convivencia. Sin embargo, también puede ocurrir que ese mismo respeto, diálogo, responsabilidad y justicia se utilicen para conseguir determinados objetivos que no encajan dentro de lo que algunos entendemos como umbral ético.

¿Existe en la clase política la decencia que exige Walzer? Por supuesto. No pongo en duda la validez de su propuesta, pero, al margen de resultar ciertamente etérea a tenor de la difícil tarea que supondría para algunos partidos asumir el adjetivo liberal, aunque fuere de forma declarativa, esquiva lo que, en mi opinión, es la verdadera falla de las democracias liberales: la omnipresencia del Estado. Es aquí donde la propuesta encuentra un límite que no puede ignorarse si se quiere comprender la raíz del problema. Las democracias liberales surgidas tras la posguerra consolidaron un modelo en el que el poder público fue ampliando progresivamente sus funciones, hasta intervenir de manera decisiva en ámbitos que afectan directamente a la vida social, económica y privada de los ciudadanos. Este proceso, en gran medida aceptado, ha tenido un efecto estructural: la politización de esferas que deberían permanecer bajo la responsabilidad de los individuos y de sus asociaciones.

Cuando el alcance del Estado se extiende de ese modo, la política deja de ser un ámbito delimitado para convertirse en el eje que organiza la totalidad de la vida social y se introduce en el ámbito privado vía impuesto o vía subsidio, donde siempre hay quien paga y quien recibe. En esas condiciones, la política pasa de ser lo que Walzer describe como decente para convertirse en una lucha competitiva por ganar clientes ofreciendo productos. La competencia política -que debería ser cosa del mercado, es decir de la vida privada y no de la política-  adquiere un carácter absoluto, porque lo que está en juego no es solo la orientación de las políticas públicas, sino el control de los mecanismos que condicionan la autonomía individual por ambas vías. La consecuencia es previsible: aumenta el incentivo para utilizar cualquier medio disponible, se debilitan los frenos morales y la apelación a la decencia pierde eficacia, no por irrelevante, sino por insuficiente frente a una estructura que premia la ocupación del poder sin restricciones efectivas.

Por eso, la recuperación de una política decente exige algo más que la adhesión a principios éticos compartidos. Requiere una reconsideración del alcance del poder estatal y una restitución efectiva del espacio propio de la sociedad civil. Allí donde el ciudadano puede decidir, asociarse, crear y disentir sin tutela, la política recupera su función limitada. La cuestión decisiva, en consecuencia, no es únicamente si es posible una política moralmente exigente, sino si existe la voluntad de sostener un orden en el que el poder esté efectivamente limitado y la libertad no sea una concesión reversible. Esto no nos liberará de tener que, en ocasiones, digerir un gobierno indecente, pero, en todo caso, al menos tendrá menos espacio donde serlo.