¿No a la guerra?

Hay una forma de degradación política que no se percibe de inmediato, porque no se manifiesta en grandes rupturas, sino en el uso arbitrario del lenguaje. Se produce cuando los principios dejan de orientar la acción política y pasan a ser moldeados por aquel.

El presidente del Gobierno de España ha anunciado estos días un nuevo compromiso de transferir miles de millones de euros en apoyo militar a Ucrania, incluyendo el envío de armamento, la formación de tropas y su inserción en una estructura de asistencia sostenida que contribuye a prolongar el conflicto. No se trata de una posición ambigua ni de una implicación indirecta sino una toma de partido clara en una guerra abierta, asumida además en el marco de alianzas que refuerzan esa orientación.

En este contexto, la recuperación del lema “no a la guerra” por parte del presidente del Gobierno no puede interpretarse como una continuidad moral de principios, sino como una apropiación interesada de un símbolo que, en su origen, exigía precisamente lo contrario de lo que practica. La apelación del presidente Sanchez a la paz frente a determinados escenarios internacionales convive sin fricción con una política activa de apoyo militar en otros, sin que se ofrezca una justificación que vaya más allá de la conveniencia estratégica o del alineamiento con socios internacionales.

El problema no reside en reconocer que los conflictos son distintos, sino en utilizar esa diferencia como coartada para suspender cualquier exigencia de coherencia. Así, lo que se presenta como una política exterior compleja termina revelándose como una adaptación constante del discurso al interés del momento. Así, la guerra es condenable cuando no compromete intereses propios mientras es justificable cuando se integra en él.

En contra de lo que pueda parecer, esta elasticidad no responde a una virtud diplomática, sino un síntoma de vaciamiento ético. Cuando el mismo gobierno que financia, equipa y respalda un esfuerzo bélico sostenido se presenta, al mismo tiempo, como garante de la paz, no está conciliando realidades difíciles, sino diluyendo deliberadamente el significado de su propio relato. Y al hacerlo, intenta trasladar al ciudadano la carga de aceptar como coherente lo que, en rigor, no lo es.

La insistencia en invocar la legalidad internacional, la prudencia o la desescalada pierde toda fuerza cuando se ejerce de manera selectiva. No porque esos principios carezcan de valor, sino porque su credibilidad depende de la constancia con la que se defienden, incluso cuando resultan incómodos o limitan la acción política. Convertirlos en un repertorio disponible para ser activado según el contexto equivale a vaciarlos de contenido.

La política deja de ser un ejercicio de responsabilidad para convertirse en la habilidad para sostener el relato adaptado a cada momento, con la aportación necesaria del silencio de quienes abren sus taquillas para propiciarlo. Y cuando eso ocurre, la paz deja de ser un horizonte deseable para transformarse en un simple instrumento del poder. Quizá la verdadera dificultad no consista en decir “no a la guerra”, sino en sostener ese “no” cuando deja de ser rentable, cuando exige coherencia, cuando obliga a asumir costes que no caben en un titular.