Derecho de gentes

La cuestión de la guerra justa y los derechos humanos continúan existiendo como dilemas morales y lugar de controversias. En el escenario geopolítico actual, los intereses políticos contrapuestos y la sofisticación de los relatos oficiales hacen que resulte difícil identificar los diferentes roles que adoptan los actores políticos. La última versión de Oriente Medio, la casi olvidada Ucrania, los conflictos bélicos abiertos en Asia y África, el terrorismo de diversa naturaleza y la represión silenciosa de regímenes autocráticos vuelven a ser, al margen de tragedias, nuevos motivos para la división de opiniones. Ante esta confusión global que desdibuja la realidad del desplazado, conviene recordar que, si alguien se preocupó definir unas verdaderas guías maestras de actuación para limitar el uso de la fuerza de los Estados y someterla a la razón, fue la Escuela de Salamanca.

La primera doctrina jurídica que concibió el mundo como un solo orbe humano con una dignidad compartida, que ningún imperio podía violar sin degradarse a sí mismo, fue la elaborada por los sabios de la Escuela de Salamanca en el siglo XVI. Francisco de Vitoria reformuló el antiguo ius gentium romano como un verdadero derecho de gentes, nacido de una naturaleza y una razón comunes a todos los pueblos, y vinculante por igual para reyes y súbditos, para vencedores y vencidos.

En Salamanca se fijaron las condiciones de la guerra justa: injuria grave sufrida, autoridad legítima, recta intención, recurso último tras agotar todos los caminos de la paz y proporcionalidad de los medios, de modo que los males causados no superaran el bien que se pretendía restaurar. Esta doctrina, de raíz teológica, se configuró con el propósito de imponer un freno a la tentación ilimitada y a la arbitrariedad de los Estados, a preservar, en lo posible, la paz entre los pueblos, pero, muy especialmente, a proteger al ser humano de la violencia, del sometimiento y de la represión del poder.

Las Leyes de Burgos, promulgadas por Fernando el Católico en 1512 como respuesta a las primeras denuncias de los dominicos, y -ya bajo la influencia directa de la doctrina vitoriana del ius Gentium– las Leyes Nuevas de Carlos I en 1542, representaron los primeros intentos de traducir en normas positivas las condiciones del uso de la fuerza. Poco después, en 1550, el emperador convocaría la famosa Controversia de Valladolid para someter a un examen moral y jurídico sin precedentes la legitimidad de las conquistas. El rey Felipe II seguiría esta estela. Aquellos monarcas, interpelados por la justicia de sus empresas y la tranquilidad de sus conciencias, llegaron a ordenar la suspensión de las conquistas mientras se definían nuevas reglas y se limitaba el poder de los encomenderos.

Si trasladamos ese antiguo dilema al mapa del presente, vemos que el lenguaje ha cambiado menos de lo que parece. El derecho internacional, bajo tutela de las Naciones Unidas, hereda en buena medida la doctrina teórica de aquellos sabios españoles: la guerra no es un instrumento ordinario de la política, sino un recurso extremo, rodeado de límites y sospechas. En la práctica, el derecho internacional, como la declaración universal de los derechos humanos, terminan por ser, con demasiada frecuencia, una arquitectura jurídica impotente ante la voluntad de los poderosos y el estrépito de las armas. Para algunos, incluso, en el refugio de la inoperancia.

Las intervenciones llamadas humanitarias, la responsabilidad de proteger frente a genocidios o crímenes masivos, siguen alimentando el viejo conflicto entre la soberanía de los Estados y los derechos fundamentales de las personas. Los conflictos, que antes se discutían en clave de teoría de guerra justa, ahora son debates sobre cuándo y cómo conviene traspasar las fronteras para evitar muertes y violaciones de derechos humanos.

El resultado es que el lenguaje de la guerra justa se ha convertido a menudo en un repertorio retórico al servicio de la razón del más fuerte. Se pierde así lo que en Salamanca fue esencial: el derecho como límite al poder, no como coartada. Quizá ese sea el legado olvidado en una época que banaliza tanto el uso de la fuerza como la claudicación ética.