La cuestión de la justificación de la guerra sigue siendo un dilema moral hoy en día. Al margen de que aquí siempre hay quien marca la agenda internacional excepto la UE, la historia dice que si alguien se preocupó de esta cuestión con verdadero interés, esa fue la Escuela de Salamanca en el siglo XVI.
La primera conciencia europea, en particular española, de que el mundo entero formaba un solo orbe humano, con una dignidad compartida que ningún imperio podía violar sin degradarse a sí mismo, fue la que inauguraron los sabios de la Escuela de Salamanca en la Corona Española. Francisco de Vitoria estableció el ius gentium, un derecho de gentes que nacía a la vez de una naturaleza y razón humanas comunes a todos los pueblos, y que obligaba por igual a reyes y súbditos, a vencedores y vencidos. En Salamanca se fijaron las condiciones de la llamada guerra justa: causa grave de injuria sufrida, autoridad legítima, recta intención, recurso último tras agotar todos los caminos de la paz y proporcionalidad de los medios, de manera que los males causados no superaran el bien que se pretendía restaurar. Una doctrina teológica se instauró como un derecho de la guerra destinado a limitar la arbitrariedad de los Estados y a preservar, en lo posible, la paz general y el bien de la comunidad política. Se trataba de imponer un freno a la tentación ilimitada del poder que fue asumido por grandes reyes, como lo fueron los católicos, Carlos I rey emperador o su hijo Felipe II.
Si trasladamos esa antigua trama al mapa convulso del presente, vemos enseguida que el lenguaje ha cambiado menos de lo que parece, aunque la realidad, quizá, se ha vuelto más cínica. El derecho internacional, con la Carta de las Naciones Unidas y la prohibición del uso de la fuerza salvo en legítima defensa -siempre con el beneplácito unánime de EE.UU, Rusia, China, Reino Unido o Francia- hereda en buena medida esa institución: la guerra no es un instrumento ordinario de la política, sino un recurso extremo, rodeado de límites y sospechas. Ver para creer.
Las intervenciones llamadas humanitarias, la responsabilidad de proteger frente a genocidios o crímenes masivos, vuelven a plantear el viejo conflicto entre la soberanía de los Estados y los derechos fundamentales de las personas, conflicto que ahora se discute en clave de teoría de la guerra justa, desde los actuales debates sobre cuándo y cómo es lícito traspasar fronteras para salvar vidas. La invasión olvidada de Ucrania, las ofensivas devastadoras en Gaza, el terrorismo internacional, las amenazas e intervenciones ad hoc o la guerra olvidada de la antigua Yugoeslavia pusieron al desnudo una doble vara de medir.
El resultado es que el lenguaje de la guerra justa se ha convertido con frecuencia en un repertorio retórico al servicio de la razón del más fuerte o del más débil, según interese. Se pierde, así, lo que precisamente en la Escuela de Salamanca representó lo esencial: su capacidad de ser un límite, no una coartada.
¿Existe entonces la guerra justa? Quizá la única manera honesta de responder sea decir que existe la idea normativa de una guerra que, sin dejar de ser un mal radical, podría ser el último remedio para frenar un mal mayor, siempre que se acepte que casi nunca se cumplen de verdad las condiciones y que la carga de la prueba corresponde al que empuña las armas y no al que la sufre. La Escuela de Salamanca no canonizó la guerra; la cercó de condiciones tan exigentes que su doctrina, más que abrir puertas, las cerraba. Quizá ése sea su legado más actual frente a una época que banaliza tanto usar la fuerza como poner la otra mejilla.


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