Es algo aceptado (que ya es mucho aceptar) que vivimos en una democracia plena y que, por tanto, las normas emanadas de un gobierno democrático son legítimas y buscan el bien común. Friedrich Hayek alertó del peligro de confundir el estado de derecho con la simple legalidad, y el bien común con los objetivos particulares del gobernante. Que una medida sea legal porque la aprobó el Parlamento (o el Gobierno sin apoyo del parlamento) no significa que sea justa. El verdadero estado de derecho exige normas generales, fijas y conocidas, que permitan al individuo planificar su vida sin que la autoridad interfiera ad hoc en sus esfuerzos, justificando sus decisiones bajo la aureola de un supuesto bien común.
Resulta que, desde este año, el Gobierno de España ha decidido que el bien común es que el ciudadano que tiene un coche compre un artefacto que le geolocaliza y evita que le atropellen al salir de su vehículo. Así, lo menos que le puede pasar es que si su coche le deja tirado en una curva no visible otro coche se le lleve por delante a él, a su coche y a toda su familia que iban a pasar un fin de semana tranquilo al Pirineo. El caso de la baliza obligatoria (igual que fue el triángulo que ahora genera accidentes y antes los evitaba) es una nueva intervención arbitraria, una imposición, un nuevo impuesto que expolia nuestra propiedad privada (entiéndase bienes, trabajo e integridad física).
Cuando el obediente ciudadano compra la susodicha baliza tiene que pagar su precio más el 21% de IVA; y el empresario que la produce tiene que ingresar al Estado el IVA ingresado más el 25% de beneficios que le ha podido generar; y si el conductor no lleva la baliza en el coche o no es la reglamentaria tendrá que pagar la multa que la respetable benemérita le ponga por orden de la autoridad gubernativa. Negocio redondo. En cambio, si un empresario inventa una baliza más barata y que lanza un destello de luz que se ve hasta en el Panamá, pero no es la homologada, pues se la mete en el bolsillo o se la vende a los panameños.
En un cálculo de coste-beneficio yo he decidido comprar la baliza para evitar que en vez de 40 euros me cueste 120 y, a la vez, he tenido que renunciar a gastarme 20 euros en unos buenos zapatos y 20 en el pequeño comercio de la esquina. Ahora decido escribir estas líneas y soportar el coste de las críticas de neoliberal por la cita y antidemócrata por las formas; bien, soportaré el coste de mi decisión, pero a la vez, renuncio a permanecer en silencio como si aquí no pasara nada.
La norma de la baliza es un impuesto más decretado por este Gobierno arrogándose a un supuesto bien común. Pero, en todo caso, una decisión más que, como ciudadanos obedientes, debemos cumplir porque un Gobierno, por malo o corrupto que sea, haya sido elegido democráticamente. La verdadera legitimidad de una democracia liberal como es la nuestra no proviene sólo de cuántas manos se levanten en un parlamento, ni de la arrogancia de decretar qué es el bien común, sino del respeto al derecho y a la propiedad privada, que no sólo son los bienes que puedo o no poseer, sino también mi trabajo, mis ideas y mi integridad física. El Estado, lo dirija quien lo dirija, puede tener la fuerza coercitiva legal que se quiera, pero no tiene siempre la razón ni la justicia.Próximamente…
Cartas Persas 
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